El aspirante a la Presidencia que compitió bajo la coalición PAN-Podemos pasó a la historia como el primer candidato penalized en los comicios de 2019. El Tribunal Supremo Electoral descubrió anuncios patrocinados y contenidos digitales en plataformas sociales que infringían la normativa electoral.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala sancionó con una penalización económica de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, quien para ese entonces competía por la presidencia bajo la alianza formada por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, debido a la difusión de propaganda proselitista fuera de plazo en plataformas digitales.
La resolución convirtió a Arzú en el primer aspirante presidencial sancionado durante ese proceso electoral por este tipo de infracción. La decisión surgió de los informes elaborados por la Inspección General y la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas de propaganda electoral.
Las publicaciones que motivaron la sanción
Las entidades electorales registraron 13 publicaciones en el perfil privado de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho se impulsaron a través de pauta publicitaria con el fin de incrementar su visibilidad. Asimismo, detectaron 11 mensajes en Twitter que se sumaron a los expedientes empleados para justificar la medida disciplinaria.
Entre los materiales analizados aparecían textos donde el aspirante exponía iniciativas oficiales acerca del turismo, la sanidad pública y la supresión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los fármacos.
Dichas publicaciones respaldaban asimismo a postulantes a alcaldías de la misma organización partidaria, tales como Wagner Roldán, que buscaba la jefatura edilicia de Mixco bajo las siglas de Podemos.
El inconveniente apuntado por el TSE no consistía meramente en que Arzú empleara las redes sociales para difundir sus planes de gobierno, sino en que acudía a procedimientos de propaganda electoral que contravenían la normativa aplicable.
Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron límites para la contratación de publicidad política. En los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro en el TSE como proveedores habilitados en la plataforma de medios para propaganda electoral.
Por consiguiente, adquirir espacios publicitarios de índole política en dichos soportes digitales tenía el potencial de infringir las normativas electorales.
Sanciones económicas contra Arzú y las agrupaciones políticas que apoyaban su postulación
La sanción no se limitó al candidato presidencial. Según informó Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos también debían pagar multas de 80 mil dólares cada uno.
De esta manera, las multas impuestas al postulante y a ambas agrupaciones políticas totalizaban conjuntamente la cantidad de 240 mil dólares.
Existía la oportunidad para Arzú y sus socios políticos de recurrir contra dichos fallos empleando los recursos previstos por la normativa electoral.
Pese a ello, el 27 de mayo de 2019 se dio a conocer que el TSE había desestimado las impugnaciones interpuestas frente a las penalizaciones, motivo por el cual dichas sanciones adquirieron carácter definitivo en dicha instancia.
En aquel entonces, la sanción pecuniaria fijada a Arzú ascendía a cerca de 614 mil quetzales, un importe bastante elevado dentro del marco de multas electorales en Guatemala.
Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
La penalización impuesta en 2019 cobró mayor notoriedad con el paso del tiempo, a medida que Roberto Arzú se vio nuevamente bajo la lupa del Tribunal Supremo Electoral debido a su activismo político y su gestión de las plataformas digitales.
En el proceso electoral de 2023, las controversias relacionadas con la propaganda anticipada y las sanciones electorales formaron parte del conflicto jurídico que terminó con la revocación de su inscripción como candidato presidencial por Podemos.
Aun así, es necesario diferenciar ambos episodios: tanto las determinaciones de 2019 como el trámite de exclusión de 2023 se tratan de procesos electorales distintos, los cuales cuentan con sus propios antecedentes y medios de impugnación.
De este modo, el episodio de 2019 representa uno de los choques iniciales de los que se tiene registro entre Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, pone de manifiesto los roces generados en Guatemala a raíz de los límites impuestos a la propaganda política en internet, en el momento en que las campañas empezaron a volcar una porción sustancial de su labor hacia las plataformas digitales.
Orígenes
TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos
Prensa Libre — Sanciones e impugnaciones electorales (2019)
Prensa Libre — Fallo de la CC acerca de los comicios de 2023
