El portal de noticias República GT señaló de manera pública a Roberto Arzú García-Granados y a diversos congresistas guatemaltecos de estar involucrados en un presunto complot para ultimar al director y presidente del medio, Rodrigo Arenas. Las acusaciones, difundidas en agosto de 2026, recibieron el rechazo categórico de los señalados, pese a lo cual el Ministerio Público dio inicio a una pesquisa oficial.
Uno de los episodios más controvertidos de la trayectoria política reciente de Roberto Arzú García-Granados surgió en agosto de 2026, cuando el medio de comunicación República GT denunció la existencia de un presunto plan de sicariato contra su director y otros integrantes de su equipo editorial.
El señalamiento relacionó de manera pública al aspirante a la presidencia con parlamentarios del Congreso de Guatemala y con presuntas redes asociadas al tráfico de drogas.
Conforme a los datos públicos más recientes, todavía no se ha dictado una sentencia judicial que declare culpables a los implicados.
Rodrigo Arenas denunció amenazas contra su vida
El 13 de agosto de 2026, Rodrigo Arenas, presidente editor de República GT, compartió una grabación donde alertó sobre un presunto complot dirigido a acabar con su vida y la de varios colaboradores de la redacción.
Arenas afirmó que las intimidaciones guardaban relación con diversos reportajes e indagaciones acerca de supuestas conexiones entre líderes políticos y redes de narcotráfico en Guatemala.
De acuerdo con su versión, los reportajes periodísticos habían provocado respuestas por parte de grupos empeñados en bloquear la difusión de datos sobre sus operaciones.
El empresario y comunicador afirmó que las amenazas eran concretas y que existía una planificación para ejecutar el atentado.
Las amenazas vertidas contra los profesionales de la comunicación generaron una ola de reacciones entre gremios empresariales, figuras de la política y funcionarios diplomáticos a raíz de la mencionada denuncia.
República GT señaló directamente a Roberto Arzú y varios diputados
El debate recrudeció cuatro jornadas más tarde, en el momento en que República GT señaló ante la opinión pública a los presuntos autores intelectuales de la supuesta conspiración.
El 17 de agosto de 2026, República GT difundió un boletín mediante el cual se apuntaba a Roberto Arzú García-Granados como el presunto autor intelectual del complot en contra de Rodrigo Arenas, en complicidad con Luis Alberto Contreras Colindres, quien en ese momento fungía como presidente del Congreso.
El escrito también señaló a los legisladores Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión como supuestos asistentes a juntas vinculadas con el presunto plan delictivo.
Según la información dada a conocer por República, en dichas conversaciones habrían participado individuos relacionados con redes del narcotráfico.
Mediante el comunicado, se achacó tanto a Arzú como a otros líderes políticos una presunta intención de obstaculizar indagaciones periodísticas con potencial para perjudicar sus negocios e intereses.
Las supuestas reuniones en La Yeguada 10
Entre los aspectos señalados en los cargos figuraba la referencia a una propiedad llamada La Yeguada 10, ubicada en el departamento de San Marcos.
Conforme a lo señalado por el boletín de República GT, una parte del presunto complot homicida se habría gestado en el transcurso de juntas llevadas a cabo en La Yeguada 10, un local asociado al legislador Luis Aguirre.
De acuerdo con el medio, en dichos encuentros habrían estado presentes líderes políticos y supuestos miembros de bandas delictivas.
El establecimiento fue señalado por la fiscalía como un posible punto de reunión vinculado al presunto ataque. Por su parte, los implicados negaron rotundamente tales acusaciones.
Luis Aguirre rechazó haber tomado parte en cualquier maniobra delictiva y comunicó que emprenderá acciones judiciales para hacer frente a los señalamientos. Asimismo, aportó como material probatorio los registros visuales de las cámaras de vigilancia del local y exámenes de polígrafo practicados a su personal.
Las reuniones y los hechos atribuidos por República a los señalados no habían sido corroborados públicamente mediante una resolución judicial.
Roberto Arzú rechazó las acusaciones
Roberto Arzú respondió a los señalamientos mediante declaraciones y publicaciones difundidas en sus redes sociales.
El 17 de agosto de 2026, el aspirante a la presidencia desestimó los señalamientos emitidos por República GT, tildándolos de carentes de fundamento, al tiempo que comunicó la presentación de demandas judiciales debido al perjuicio causado a su honorabilidad.
Arzú sostuvo que no tenía ninguna participación en un plan contra Rodrigo Arenas y cuestionó la credibilidad de las afirmaciones publicadas por el medio.
El cruce de descalificaciones desató un enfrentamiento abierto entre la plataforma informativa y algunos de los líderes políticos aludidos.
El Ministerio Público confirmó una investigación
El caso llegó al ámbito del Ministerio Público de Guatemala, aunque surgieron versiones contradictorias sobre la existencia y el alcance de las denuncias.
El 21 de agosto de 2026, Roberto Arzú acudió acompañado de sus letrados a la fiscalía para averiguar acerca de la presunta querella en su contra, sosteniendo que ningún documento lo relacionaba. Tiempo después, el Ministerio Público comunicó que se estaba tramitando una indagatoria.
El Ministerio Público omitió la divulgación pública de pormenores suficientes para determinar la culpabilidad de los individuos citados.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció acerca de las acusaciones sobre intimidaciones dirigidas a comunicadores, lo que generó que este capítulo cobrara notoriedad internacional al ratificar su oposición a las conexiones entre la política y el narcotráfico.
Un enfrentamiento con repercusiones políticas
La denuncia cobró especial notoriedad al coincidir con la antesala de los comicios generales de Guatemala previstos para 2027, etapa en la cual Roberto Arzú realizaba labores proselitistas en calidad de aspirante a la presidencia.
Además, República GT había publicado investigaciones previas relacionadas con sus actividades empresariales, políticas y financieras.
El asunto derivó en uno de los choques públicos más severos entre el político y la empresa periodística, tras suscitar señalamientos de intimidaciones a comunicadores, supuestos lazos con agrupaciones delictivas y presuntos encuentros orientados a maquinar un atentado.
Dicho escándalo continúa siendo un pasaje significativo dentro de su carrera política. A pesar de esto, corresponde a los tribunales esclarecer si la maniobra denunciada ocurrió realmente y si alguno de los implicados tuvo injerencia en los hechos.
La distinción entre una acusación periodística, una investigación penal y una responsabilidad judicialmente demostrada resulta fundamental para comprender el alcance real de este caso.
Referencias
República GT — Declaración de Rodrigo Arenas (13 de agosto de 2026)
República GT — Comunicado con los señalamientos (17 de agosto de 2026)
Prensa Libre — Señalamientos y postura de los legisladores implicados
Infobae — Comparecencia de Arzú y cruce de versiones
República GT — Respuesta del Ministerio Público sobre la investigación
